Sin diálogo e imponiendo la mayoría numérica, el bloque de Carlos Paz Unido aprobó el 6 de mayo un bochornoso y extorsivo modelo de convenio a firmar con las localidades del sur de Punilla que reciben agua de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, operada actualmente por el municipio. La decisión fue tomada por el oficialismo en absoluta soledad y a pesar de las críticas y los argumentos expresados desde los bloques de las minorías.

El proyecto había sido ingresado un par de días antes por el intendente Daniel Gómez Gesteira y fue tratado sobre tablas. Para tomar nota del nivel de improvisación, en la reunión de labor parlamentaria que se realizó al mediodía, previo a la sesión, el bloque de CPU no pudo precisar si iban a llevarlo a votación o lo enviarían a comisión.

Quien tomó la palabra en primer lugar al momento de tratamiento fue la concejala Carina Fernández quien sostuvo que “es necesario ir avanzando en las herramientas para garantizar la prestación del servicio” y mocionó algunos cambios en el texto que fueron aprobados por CPU.

Entre ellos que se faculta al facultar al intendente “a ejecutar los actos jurídicos o administrativos necesarios tendientes a la efectiva distribución interna del servicio dentro de cada ejido”; la eliminación de la cláusula cuarta en la que el municipio se desentendía del personal necesario para la prestación del servicio en cada localidad; y la incorporación del costo del agua en bloque como alternativa a la Tasa por Servicio de Agua a la hora de fijar el precio de la prestación.

El convenio deja en claro que es el municipio de Villa Carlos Paz quien determina unilateralmente, y amparado en el monopolio de la operación de la planta de Cuesta Blanca, las condiciones de estos convenios.

Aunque fue duramente criticado, el oficialismo mantuvo la posibilidad de decidir, comunicándola con 30 días de anticipación, rescindir los convenios sin expresión de causa y dejar de proveer agua.

También podría dejar de abastecer agua a la localidad que se atrase 15 días en el pago del monto convenido, amén de aplicar intereses sobre las eventuales deudas. Cabe recordar que, hasta el momento, es la COOPI quien presta directamente el servicio en Cuesta Blanca, Mayu Sumaj y San Antonio; mientras que a la cooperativa de Icho Cruz le vende agua por bloque.

Gustavo Molina (Capaz) dijo asistir “a un proceso de improvisación extremo” para el tratamiento de una ordenanza de estas características, que implica convenios con otros municipios y comunas e involucra un servicio esencial como es el agua. “Lo estamos tratando sobre tablas, sin expediente, sin valores mínimos, a las apuradas y ofreciendo cambios de ultimísimo momento. Es bochornoso, de mínima debiera ser tratado en comisión e invitar a los representantes de los otros municipios y comunas. Parece más una acción propia del encono al que nos tiene acostumbrados Esteban Avilés y su brazo autoritario Gómez Gesteira que a una política regional”, expresó.

Desde el bloque de Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta afirmó que el convenio propuesto “se parece más a un contrato por adhesión para la compra de un auto, donde si te parece bien firmás, y sino o te vas”, que a una herramienta para garantizar el servicio de agua potable para varios municipios y comunas.

Hizo referencia a una resolución del Ersep (Ente Regulador de Servicios Públicos) donde se exhortaba al municipio de Villa Carlos Paz “a extremar los recaudos y las diligencias necesarias para garantizar la correcta prestación”.

“El Ersep, con criterio adecuado, resalta la responsabilidad del municipio de garantizar la prestación en todo el sistema vinculado a la planta de Cuesta Blanca. Este convenio impone condiciones amparándose en una posición monopólica nada menos que en el servicio de agua solo por tener la planta. El agua no es del municipio”, alertó. Y opinó que el hecho de que “sin causa algún día se decida no prestar más” el servicio en alguna localidad “es absurdo, impropio, y casi canallesco”.

Una semana después, el Cuerpo Legislativo definió -solo con los votos de CPU- el valor del agua para la venta en bloque: 4,10 pesos el metro cúbico.

“Este proyecto de ordenanza es para incorporar el valor del servicio del agua en bloque al cuadro establecido por la ordenanza 6710 en el cual se fijaron los importes a cobrar por diferentes ítems relacionados al servicio de agua y teniendo en cuenta el modelo de convenio aprobado bajo ordenanza 6714 para el abastecimiento de agua potable desde la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, resulta necesario la incorporación de esta modificación”, señaló escuetamente la concejala Fernández.

Por su parte, el edil Sebastián Guruceta utilizó gran parte de su intervención para seguir endilgando responsabilidades a la Cooperativa Integral, haciendo referencia a un “cobro ilegítimo”. “Cobraban a las comunas el agua que era de Carlos Paz”, acusó el edil sin mencionar ni reconocer -claro está- el trabajo puesto en la prestación.

Desde la oposición, en tanto, pusieron la mirada en el hecho de que se está definiendo el precio de un servicio público y como tal, para su tratamiento se requiere doble lectura y audiencia pública. Es decir: no se puede aprobar solo con una lectura.

“Se hablan de cosas que pasaron y de cosas que supuestamente sucedieron, pero del proyecto no dicen nada. Este proyecto claramente está determinando un valor al servicio para aquellos municipios, comunas y cooperativas que adquieran agua potable a través del metro cúbico”, dijo Quaranta.

Y remarcó: “El municipio de Villa Carlos Paz le está poniendo un precio a un servicio público. Esto es tarifa. Y esto merece un tratamiento especial que establece la Carta Orgánica”.

Más allá de las objeciones, el proyecto se terminó aprobando con los siete votos del oficialismo (Soledad Zacarías, Sebastián Guruceta, Carla Livelli, Mariano Melana, Carina Fernández, Leonardo Villalobos y Patricia Morla).

“Tenemos plena autonomía”, enfatizaron desde San Antonio

El secretario de Gobierno de San Antonio, Roberto Grigioni, afirmó que no fueron consultados sobre el tenor del modelo de convenio y reconoció que la novedad los “sorprendió”.

“Como municipio tenemos plena autonomía, no estamos obligados a firmar nada. Somos los titulares del servicio de agua en San Antonio. Por eso acá no se trata de si la municipalidad de San Antonio debe o no firmar. Hay que estudiar las diferentes posibilidades y en eso estamos. Lo que nosotros queremos es beneficiar al vecino con un servicio de agua que sea eficiente y a una tarifa acorde”, expresó.

En este camino adelantó que están pedidas sendas reuniones con las autoridades del gobierno carlospacense y con la COOPI “para analizar las propuestas”. Otra posibilidad que se baraja es que sea el mismo municipio de San Antonio quien asuma la prestación del servicio.

“Estamos estudiando un proyecto para regularizar el servicio en la localidad. No descartamos nada. Puede ser la COOPI, la municipalidad de Carlos paz o nosotros mismos”, adelantó.

Respecto al modelo de convenio que quiere imponer Villa Carlos Paz precisó que, lo están analizando con Asesoría Letrada. “Iremos hasta donde tengamos que llegar”, afirmó.

Respecto a la posibilidad contemplada de rescindir el contrato sin causa, o cortar la provisión por un atraso en el pago, el secretario de Gobierno de San Antonio opinó que en Villa Carlos Paz “se equivocaron”.

Por otro lado, y en relación a si el hecho de que San Antonio utiliza el Centro Ambiental de Villa Carlos Paz para llevar sus residuos sólidos; y la posibilidad a futuro de enviar los líquidos cloacales a la planta de Costa Azul ejercen presión para firmar el convenio por el agua, Grigioni fue terminante: “Nada es condicionante”. “Tenemos autonomía y vamos a decidir lo mejor para el vecino”, ratificó.

Nota correspondiente a la edición n° 565 del periódico La Jornada, del 26 de mayo de 2021.