Los concejales de Capilla del Monte Federico Fiumato, Salome Messia y Francisco Gramajo, integrantes de la denominada Comisión Investigadora, presentaron ante el cuerpo legislativo un lapidario informe sobre el origen del incremento de la deuda municipal de la municipalidad durante el período comprendido entre el 12/12/2015 a 12/12/2019.

Cabe recordar que, en dicho período, y en medio de una grave crisis institucional, Capilla del Monte tuvo cuatro intendentes: Gustavo Sez, Gabriela Negri, Gabriel Buffoni y Marcelo Rodríguez.

La deuda generada en esos años la terminó heredando Fabricio Díaz al asumir en diciembre de 2019. Una de sus primeras acciones fue impulsar una investigación que, tras ardua labor, finalizó por estos días con fundamentos en el dictamen jurídico contable de los asesores de la Comisión, Adriana Gómez y Carlos Cavalli.

La investigación destaca ‘el crecimiento exponencial’ de la deuda ‘que se van dejando en los cambios de gestión’.

‘Gustavo Sez pasa de dejarse $2.019.793,30 a dejarle a G. Negri $8.292.910,45, es decir un 310% de más. Observamos que G. Negri le deja a G. Buffoni un monto de $16.449.621,14, es decir un 98% más de lo que recibió. A su vez, el mayor incremento lo deja G. Buffoni a M. Rodríguez, por la suma de $88.328.777,99, es decir un 437% de incremento de la deuda dejada en principio con CHPD. Por último M. Rodríguez le deja a F. Díaz, por este concepto un total de $100.935.698,52, un 14% aún más. Es decir, un 4.897% más desde el monto dejado por G. Sez, al recibido por F. Díaz. Sin poder observar como contrapartida, los fondos necesarios para hacer frente a estos compromisos bancarios asumidos desde una gestión para la otra’, señala el dictamen.

Además, entre las conclusiones se subraya que, ‘en general estimamos que, del total de los hechos y documentación analizada, se evidencian graves y reiteradas irregularidades administrativas, muchas de las cuales presuntamente podrían encuadrarse en figuras penales tipificadas en el Código Penal de la Nación’.

Y se recomienda instar al Concejo Deliberante ‘para que proceda a realizar la denuncia penal pertinente, a los fines de que los hechos analizados por esta Comisión y aquellos que estime oportuno incluir, sean sujeto de investigación Judicial para determinar la existencia o no de los presuntos hechos delictivos y la individualización de los autores, coautores, cómplices y/o partícipes’. También se estima relevante encomendar al Departamento Ejecutivo ‘ampliar el contenido del presente dictamen o la presentación judicial sugerida, con la prueba e informes que hubieran relevado durante el procedimiento de reorganización administrativa llevada a cabo hasta la fecha y que tuvieran incidencia en la deuda pública generada por las gestiones investigadas’.

En esta misma línea se sugiere que la Municipalidad de Capilla del Monte inicie ‘las acciones tendientes a determinar la responsabilidad de los funcionarios intervinientes los cuales deberán responder con su propio patrimonio por el daño patrimonial que hubieran ocasionados al Municipio en los términos del art. 109 y ccs. de la LOM y art. 14 de la Constitución Provincial’.

Irregularidades

Entre las irregularidades constatadas por la Comisión Investigadora figuran las siguientes:

  • Se pudo constatar la emisión de cheques de pago diferido sin dejar a disposición los fondos en las cuentas corrientes, afectando el crédito público futuro, con la consecuencia de las sanciones de la emisión de cheques sin fondos y el reclamo de los titulares de los mismos.
  • Se pudo constatar irregularidades de orden administrativo, mencionados el dictamen técnico.
  • Se debe considerar que todos los gastos analizados y las deudas contraídas deben ser actualizados según el índice de inflación vigente al momento de su cancelación, con lo cual los valores actuales son superiores a los informados.
  • Se puede observar que, sumando por una parte, los cheques pago diferido que se dejaron emitidos de las gestiones anteriores y, por otra parte, las deudas pendientes de pagar que se dejaron, además de las que se dejaron sin informar; que todo ello, suma una deuda acumulada al inicio de la gestión de 12/12/2019 de más de $200.000.000.-
  • Que el mismo está compuesto por un incremento en la emisión de CHPD desde diciembre de 2015 a diciembre 2019 de un 4.897%.
  • Que la deuda pendiente de pago informada y no informada en las actas de transferencia suman más de $100.000.000.-
  • La deuda en moneda extranjera debe ser estimada en el valor de moneda nacional según el valor del cambio a la fecha de estimación de la deuda, lo cual resulta lógico por las variaciones de la cotización y el interés aplicable al incumplimiento contractual.
  • Se pudo constatar el incremento de la contratación, tanto de personal, como de asesores, artistas y duplicación de la planta política, como también el pase de personal contratado a planta permanente en el período comprendido entre octubre/diciembre 2017 y diciembre 2019, sin dar cumplimiento a los regímenes legales vigentes como era el presupuesto, la emergencia económica y/o sin considerar el incremento de la deuda pública existente, generando incremento desproporcional de gastos en relación a los recursos públicos ordinarios del Municipio. Con incumplimiento del control de idoneidad mediante el concurso público, requerido por la Constitución Provincial y el régimen estatutario.
  • Otorgamiento de categorías a agentes, sin respetar la carrera administrativa; la cual debe respetar la acreditación de idoneidad como requisito esencial; sin contar con autorización presupuestaria, sin respetar la emergencia económica. Con lo cual se procedió al incremento el gasto público sin tener recursos públicos corrientes para afrontar el mismo, transformando el gasto en deuda pública por no cubrir los gastos ordinarios (haberes, cargas sociales, remuneraciones, dietas y pago de contratados, becados, honorarios, etc.) y afectando de esta manera el crédito presupuestario futuro.  
  • Contrataciones sin cumplir con los procedimientos legales y administrativos (Ord. 2207/09 y sus modif. y art. 66 de la Ley Orgánica Municipal).
  • Incumplimiento del procedimiento de control del gasto instituido por el art.84 incisos 2,3 y 4 de la Ley 8102 ante el Tribunal de Cuentas, por parte de la Municipalidad de Capilla y del EMOSS.
  • Retención y disposición de fondos para fines distintos a los legalmente establecidos (cuotas alimentarias, seguros de vida, ART, fondo del Cuerpo de bomberos) ;
  • Retención de honorarios de procuradores, Código Arancelario de Abogados y Procuradores de la Prov. De Córdoba (L.Nro. 9459).
  • Afectación de recursos públicos a fines distintos a los legalmente autorizados.
  • Presunta disposición ilegal del crédito publico, mediante la condonación de deuda (capital e intereses) sin estar autorizados legalmente.
  • Pago de obras sin certificado de avance de obras suficiente acreditado por profesional idóneo de la Administración Municipal.
  • Pago de gastos no autorizados (gastos a cargo del contratista/proveedor).
  • Se puedo constatar la adulteración de Instrumentos y afectación del ejercicio del control del gasto público por parte de la minoría.
  • Gastos sin autorización presupuestaria (art. 30 inc. 18, 69 de la LOM y 70 Cons. Prov.)

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