El concejal Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) planteó, en el inicio de la sesión de este jueves, una ‘cuestión de privilegio’ para referirse a un tema que lo involucra y que tiene que ver con quienes ponen en duda su legitimidad para ocupar el cargo a partir de alguna incompatibilidad.

“Se lo aclaré por escrito y lo quiero hacer personalmente a usted y a todos los vecinos.

No hubo ni hay ninguna incompatibilidad. No soy delegado de ninguna institución”, dijo dirigiéndose a la presidenta del cuerpo, Soledad Zacarías.

Luego reiteró que tiene, “serias razones para sospechar que se ha cometido un delito contra esta institución”, y habló de “documentación adulterada”, que podría incurrir en el delito de “falsedad ideológica y falsificación de documento público”.

“Tengo serias razones para sospechar que muchas de esas firmas fueron conseguidas con otro propósito, y a través de una maniobra artera se redirigieron a una presentación en mi contra. Lo tengo prácticamente constatada”, afirmó.

La alusión es a la nota presentada por un grupo de vecinos cuestionando su legitimidad en tanto sería delegado de la Coopi, y las cinco fojas con cerca de un centenar de firmas avalando el pedido.

Confirmó que están analizando iniciar “medidas legales contra la comisión de este delito, entendiendo que es contra esta institución”.

“Me parece de una gravedad institucional extraordinaria que se haya filtrado documentación con esta características en este recinto. Por eso voy a pedir en esta moción a viva voz que solicitemos a estas personas, en un plazo de 24 horas, el mismo tiempo que se me dio para expedirme, que nos pongan a disposición los originales de los cinco folios para constatar su veracidad”, señaló.

“Se toma la moción”, respondió escuetamente Zacarías.

A este planteo le siguió una breve discusión sobre si correspondía que la moción sea votada por el pleno (como reclamó Ribetti) o no. Se impuso la opinión del oficialismo, y todo quedó en el pedido realizado públicamente por el edil de Carlos Paz Despierta, pero sin que sea tomado como un requerimiento institucional ordenado por el Concejo de Representantes.

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