El intendente Daniel Gómez Gesteira sostuvo que el municipio está preparado para que la discusión con la empresa Transportes de la Villa por la caducidad del contrato del servicio urbano se desarrolle en el ámbito de la justicia.

Es que la prestataria adelantó, ante el anuncio del municipio, su decisión de “no resignar ningún derecho que nos asista, más aun cuando estos se vulneran intempestiva y discrecionalmente por funcionarios que asumen como propias las cuestiones públicas y han demostrado una clara decisión de perjudicar a nuestra empresa”.

En una especie de conferencia de prensa (invitan solo a algunos medios), Gómez Gesteira calificó a la firma como “la gran incumplidora” y planteó que al momento de resolver la caducidad del contrato se tuvo en cuenta que “debíamos estar preparados” para una disputa judicial.

“Por eso lo importancia de generar desde lo jurídico los instrumentos adecuados. La empresa tiene un objetivo diferente al de la función pública y seguramente harán las cuestiones jurídicas que les correspondan.

No tendrán dinero para sostener el servicio en las condiciones que corresponden pero sí para sus abogados, que lo usen”, retó.

Por su parte el Asesor Letrado, Darío Pérez, precisó que la caducidad se sostiene a partir de la constatación de deficiencias graves en el servicio, sumado a incumplimientos de índole previsional, laboral e impositivo.

“Tenemos la carga de un sistema que no venía funcionando. Este servicio viene desde hace más de 13 años y quedan dos años de contrato, sobre un pliego muy complejo que ponía al municipio en un estado de indefensión que esclavizaba al vecino que no podía trasladarse, inclusive antes de la pandemia.

En este primer año que me toca como intendente estoy tomando una de las definiciones más importantes que tiene que ver con la proyección hacia adelante y es la caducidad del contrato con una empresa incumplidora que durante muchísimos años brindó un servicio que no era acorde a las necesidades del vecino”, reforzó Gómez Gesteira.

La reflexión también puede leerse como una autocrítica a la Gestión Comunitaria que sistemáticamente minimizó los reclamos que realizaban los usuarios defendiendo la calidad del servicio que se prestaba.

Este miércoles, el mandatario giró al Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza que busca en primer lugar declarar la “Emergencia del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad de Villa Carlos Paz”.

Luego pide a los ediles que lo autoricen “a adoptar todas las medidas extraordinarias y urgentes que resulten necesarias, tendientes a garantizar la prestación del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, tales como otorgar permisos precarios de explotación, acudir a medios alternativos de transporte, establecer y/o rediseñar  frecuencias y recorridos, y toda otra medida que estime pertinente”.

Este último punto está siendo analizado por los concejales de la oposición, toda vez que de aprobarse el cuerpo legislativo resignaría cualquier tipo de participación en las decisiones que se fueran a tomar, mientras el intendente podría, incluso, resolver discrecionalmente un esquema ‘precario’ por contratación directa.

“Estamos en un proceso de transición y les decimos a los vecinos de Carlos Paz que en los primeros días del mes de septiembre vamos a brindar un servicio básico de transporte público para que el vecino pueda movilizarse dentro de la ciudad. Más adelante continuaremos con el proceso de licitación y los pliegos correspondientes”, adelantó.

Aunque no dio mayores precisiones sobre cómo se articulará esta solución provisoria, se comprometió a sentarse “con la representación sindical local para que exista la posibilidad de que vayan siendo tomados los trabajadores que venían llevando adelante el servicio”.

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