Con siete votos, el Concejo de Representantes aprobó el jueves un proyecto de resolución que ordena a la Cooperativa Integral a que proceda a proveer agua potable desde las plantas de potabilización de Cuesta Blanca-La Quinta, a la red de distribución que opera la Cooperativa San Roque de Villa del Lago.

El proyecto, que fue presentado por el bloque de Carlos Paz Unido, plantea que se debe asegurar la prestación en del servicio “en forma continua, responsable, igual, general y obligatoria”.

Además establece un período de prueba sanitaria de 180 días, o hasta tanto el Tribunal Superior de Justicia resuelva el amparo interpuesto por la Coopi ante el decretazo de Avilés para que el municipio reasuma la prestación.

Y agrega el articulo cuatro: “Todos los costos marginales del período de prueba sanitaria serán asumidos por la Municipalidad de Villa Carlos Paz como responsable de la gestión integral del servicio, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 70 de la Carta Orgánica Municipal”, sin mayores especificaciones.

Media hora antes del arranque de la sesión, la Coopi ya había comenzado a entregar agua al sistema de Villa del lago, detectándose así graves irregularidades en la construcción de la interconexión de acueductos, obra que estuvo a cargo de la empresa Marinelli.

El oficialismo puso en duda el comunicado de la Cooperativa que informaba la decisión de entregar agua. “Me cuesta mucho creer que dieran el agua en un momento en que la Cooperativa San Roque está cerrada por duelo”, dijo la concejala Carla Livelli en alusión al fallecimiento del trabajador Ernesto Ramírez.

Por su parte, la concejala avilesista Soledad Zacarías dijo que “se trata de una prueba sanitaria por 180 días, por eso aquí no se habla de tarifas”. “Las tarifas tienen que pasar a un segundo plano. Para realizar un estudio de tarifas hay que tener toda la visión integral”, expresó.

Detalló que ya hay un estudio de costos elaborado por el “especialista en tarifas” Pompilio Sartori, que determinó una estimación del valor de potabilización del agua en 30 centavos el metro cúbico. “Hay todo un desarrollo del doctor en Economía Pompilio Sartori, que ha seguido todas las tarifas del municipio”, especificó y añadió que en el proyecto de ordenanza se habla de los costos marginales sin definir un valor “porque lo primero que hay que hacer es la prueba sanitaria”.

Sin embargo luego alegó que no se puede definir una tarifa, atento a la situación judicial que existe entre el municipio y la Coopi: “sabemos que estamos en un estado judicial en el que no podemos darle tarifa”. 

En las sucesivas intervenciones, la edila peronista Laura Orce planteó el punto de vista legal de este proyecto. Insistió en la necesidad de darle un marco normativo claro a este acuerdo. Explicó que el hecho de no definir el monto que se pagará por la entrega de agua hará incurrir a la Cooperativa San Roque en un “enriquecimiento sin causa”, teniendo en cuenta  que a la prestataria de Villa del Lago le significa un ahorro en energía eléctrica (no deberá bombear el agua) y potabilización. Vale agregar que tampoco se ha aclarado si la prestataria reducirá la tarifa que les cobra a los usuarios de Villa del Lago.

“Para que esto no ocurra y así no ponemos a la Cooperativa de Villa del Lago en esta situación, hay que precisar el monto que se estaría ahorrando y aplicarlo a la zona donde se estaría prestando ese servicio de agua potable”.

También apuntó a la demanda de “continuidad, responsabilidad y obligatoriedad en la entrega de agua”. Y detalló que en la época de mayor demanda, la infraestructura de Vila Carlos Paz ya resulta insuficiente y que esa es una cualidad que también debería ser contemplada. Que esto estaba considerado en el convenio precisado por la oposición.

“Si no quieren establecer los montos, por lo menos establezcamos un marco de responsabilidad. Hay que precisar la cantidad de metros cúbicos”, detalló y llamó consensuar los proyectos y debatirlos con responsabilidad política. Pero la moción no fue avalada.

El edil del Frente Cívico, Walter Gispert, detalló que la principal diferencia entre el proyecto que promovieron los ediles de la oposición y el que planteó el avilesismo es que el primero estaba construido a partir del consenso arribado entre las dos cooperativas: “ahora le estamos ordenando a una empresa que haga algo, sin acuerdo”.

Omar Ruiz, por su parte, propuso que las observaciones jurídicas planteadas por Orce sean salvadas a partir de una posterior reglamentación de la normativa. De esta manera propuso agregar un artículo que fuera en esa línea. Finalmente el proyecto se aprobó con los votos de Roldán, Alessio, Zacarías, Bustos, Livelli, Ruiz y Cuevas. 

 

Nota correspondiente a la edición n° 470 del semanario La Jornada, del 18 de junio de 2017.

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