Publicado: 02/02/2013 7:36:54 PM

Código de Ética: Entre la declaración de principios y la operatividad

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tapa 253_03-02-13En diciembre del 2012, el Ejecutivo Municipal envió al Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza que reglamenta el artículo 33 de la Carta Orgánica Municipal (COM), el cual expresa que “todos los funcionarios y empleados son responsables civil, penal y administrativamente. Los funcionarios sujetos a remoción mediante Juicio Político son, además, responsables políticamente. El Concejo de Representantes sancionará un Código de Ética para el ejercicio de la función pública”.

Desde el gobierno señalaron que la iniciativa significa “un importante paso adelante en las políticas de transparencia”. La propuesta fue elaborada por los equipos técnicos de la secretaría de Calidad Institucional y Participación Ciudadana a cargo de Omar Ruiz, quien, en diálogo con La Jornada, manifestó: “Estamos convencidos que hay que trabajar internamente, con concientización y capacitación en los temas que tienen que ver con las normas y comportamientos éticos de los funcionarios”.

Sin embargo la fundación Ciudadanos 365 (C365) y la Red Córdoba Transparente difundieron la semana pasada un detallado informe en el que concluyen que el proyecto oficial es “abstracto” y que “carece de mecanismos concretos para asegurar esta necesaria responsabilidad pública”.

“Como es un proyecto que todavía no ha sido tratado en el Concejo de Representantes, la idea fue hacer un informe para que los concejales tengan otros argumentos para tratar el tema ético en la función pública”, dijo por su parte Mariano Mosquera, presidente de C365.

El proyecto en sí establece que están sujetas a esta normativa “todas las personas que se desempeñen en la función pública municipal en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria”. De modo que quedan incluidos (además de los funcionarios y concejales) los empleados municipales.

Como principio general se enuncia que todo funcionario público “debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal”.

El artículo siete alude también a la idoneidad que debe tener quien se desempeñe en la función pública. “Ninguna persona debe aceptar ser designada en un cargo para el que no cumpla con los requisitos legalmente exigibles o carezca de aptitud”, se lee en el proyecto. No se establecen mayores especificaciones sobre de qué manera se puede evaluar o definir la idoneidad de una persona para un determinado cargo público.

El apartado nueve habla de “discreción” y expresa: “El funcionario público debe guardar reserva respecto de hechos e información de los que tenga conocimientos con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el secreto o la reserva administrativa”.

Este es un ítem muy cuestionado por las ONG’s, que en el informe afirman que la inclusión de esta premisa resulta “injustificable”. “Una actitud subjetiva no puede actuar como freno de la apertura del gobierno a la sociedad. Los casos de información pública restringida deben ser mínimos y establecidos en una ordenanza de acceso a la información pública. Existe un principio inverso fundamental que nos dice que en caso de duda de un funcionario respecto a si cierta información es pública o no, debe primar la apertura”, manifiestan.

Seguidamente al principio de discreción, el proyecto oficial enuncia el postulado de la transparencia, donde se lee que “el funcionario público debe ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la actividad de la administración pública”.

En primera medida pareciera que se trata de una contradicción entre dos postulados. Una cuestión tan sensible como lo es el manejo de la información pública debería estar regida por disposiciones más concretas y taxativas.

 

Expresión y acción. Como decíamos, la objeción principal de las ONG’s reside en la falta de definición de mecanismos concretos para mejorar el manejo de “la cosa pública”. “El proyecto oficial se ha quedado en una serie de principios morales y generales, pero carece de las herramientas concretas para generar responsabilidad en el funcionamiento del sistema político”, señaló Mosquera.

De hecho, en el documento las ONG’s plantean la ausencia de mecanismos de denuncias, investigación, control y sanciones de funcionarios públicos. “Tampoco hay una especificación sobre el marco de la responsabilidad de los funcionarios públicos”, sostienen.

Y añaden: “El Código de Ética es una oportunidad inmejorable para tratar mecanismos particulares como ‘pactos de integridad’ y metodologías de ‘gestión de intereses’, cuestiones éstas ignoradas en el proyecto del Ejecutivo.

“Esto evita el acuerdo de corrupción entre proveedores y evita los lobbies sectoriales en condiciones de inequidad. Corresponde al Código de Ética trabajar sobre estos temas ya que el acceso en condiciones de equidad al Estado, sea de empresas o beneficiarios de políticas, debe ser asegurado con mecanismos concretos desde el propio Estado, como los mencionados (gestión de intereses para evitar lobbies sin control e información de impacto, entre otras). Estas herramientas también contribuyen al principio de imparcialidad de los funcionarios públicos”.

Agregando información, Mosquera dijo que el proyecto tampoco cuenta con especificaciones sobre un régimen sancionatorio ni determina cómo pueden hacerse las denuncias. “No se definen mecanismos de investigación ni de protección de testigos”, comentó.

Por su parte, Ruiz dijo que el informe de las ONG’s brinda aportes interesantes que complementan el proyecto oficial y lo mejoran. “Desde nuestra secretaría vamos a recomendarle al Concejo de Representantes que tome a consideración todos los aportes y propuestas que está acercando C365 y Córdoba Transparente”, aseguró.

No obstante, sobre las objeciones en cuanto a la falta de determinación de mecanismos específicos para la puesta en funcionamiento del Código, el funcionario dijo que hay que tener en cuenta la legislación vigente.

“El proyecto tiene que ser parte de una sistematización de la legislación municipal. En este momento tenemos Carta Orgánica Municipal, ordenanzas vigentes y la figura del Defensor del Pueblo. Hay que abrir un debate para no superponer instituciones de la COM”, manifestó.

En este punto mencionó que existen tres proyectos de ordenanza que están esperando sanción legislativa, como el Reglamento del Pleno de Gobierno, la Escuela de Administración Pública y el Acceso a la Información Pública. Sobre este último dijo que “tiene que ser tratado en forma conjunta con el Código de Ética para lograr una sistematización”, y recordó que C365 también hizo aportes para esta normativa.

Ruiz sostuvo que la intención de la Secretaría es que tanto el proyecto de Código de Ética como el de la Oficina de Acceso a la Información Pública sean tratados por el Concejo en el mes de marzo, para que en abril ya estén sancionadas las ordenanzas. “La idea es que las normativas estén vinculadas con las funciones del próximo Defensor del Pueblo”, indicó.

En la misma línea sostuvo que desde la Secretaría han notado que la puesta en funcionamiento de una Oficina Anticorrupción implicaría superponer funciones con el Defensor del Pueblo. “Hay restricciones presupuestarias, la tienen todos los gobiernos. Pero sobre todo hay que ver que no haya superposición de funciones”, señaló.

 

Declaraciones juradas. El proyecto oficial de Código de Ética reserva un capítulo especial para la cuestión de las declaraciones juradas de los funcionarios. Quienes estarían obligados a presentar esta documentación serían el intendente, los concejales, tribunos de Cuentas, defensor del Pueblo y defensor del Pueblo adjunto, secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores del departamento Ejecutivo, directores y síndicos de las personas jurídicas en las que el municipio tenga participación, miembros de entes reguladores y cualquier otro funcionario que intervenga en la gestión de fondos públicos.

El proyecto también determina dos tipos de declaraciones juradas: una pública y otra exenta de publicación. La primera contendría una nómina detallada de los bienes, créditos, deudas e ingresos del declarante, su cónyuge e hijos menores no emancipados. En tanto, en la segunda se añadiría información sobre la entidad crediticia en la que tenga depósitos, los números de cuentas, declaraciones juradas sobre impuesto a las ganancias y ubicación detallada de los bienes inmuebles.

Sobre esta cuestión, las ONG’s objetan que en la propuesta no se mencionan “controles específicos sobre el contenido de las mismas”. Y afirman: “El proyecto del Ejecutivo sigue replicando modelos que evitan establecer mecanismos concretos para verificar el contenido de dichas declaraciones. ¿De qué sirve presentar declaraciones juradas si no se verifica lo que éstas dicen?”.

Por su parte, Ruiz aludió a la necesidad de actualizar la normativa que rige sobre esta materia. La ordenanza vigente está desde 1992 y no obliga a los funcionarios a hacer públicas su declaración de bienes.

El Secretario reiteró el deseo de sancionar a la brevedad el Código de Ética para, justamente, hacer efectiva la publicidad de la declaración de bienes. “Éste es uno de los aspectos centrales del proyecto”, destacó Ruiz y dijo que se sugerirá al Concejo que se incluya la sanción de retención de haberes para aquellos funcionarios que no presenten su registro patrimonial y financiero.

El proyecto original sólo establece que el incumplimiento de esta disposición será causal de cesantía o juicio político.

 

¿Acumulación de cargos o exclusividad? Otro de los puntos objetados por las ONG’s es la habilitación para la acumulación de cargos para los miembros del gabinete. Las entidades sostienen que “la dedicación absoluta de los altos cargos se encuentra establecida en la mayoría de los Códigos de Ética del mundo. Los funcionarios no deberían percibir más de una remuneración o retribución con cargo a los presupuestos de la administración pública de cualquier orden y nivel, y es incompatible el ejercicio de cualquier otro cargo, profesión o actividad pública o privada, por impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes y comprometer la neutralidad, imparcialidad o independencia del funcionario”.

En este sentido señalan que luego del antecedente de lo sucedido con la ex Secretaria de Salud, Dra. Noemí González Casalegno, “resulta incomprensible que el Código de Ética pública presentado por el Ejecutivo permita y no critique que un Secretario municipal pueda tener dos o más cargos. El proyecto del Ejecutivo permite esto bajo la figura de ‘excepciones’, ‘regímenes especiales’ o ‘normativas vigentes’”, remarcan.

De hecho, el artículo 21 del proyecto señala que el funcionario o empleado que desempeñe un cargo en la Administración Pública Municipal, para ejercer otro cargo remunerado en el ámbito nacional, provincial o local, deberá ajustarse a la normativa vigente con respecto a incompatibilidades, sin perjuicio de las excepciones que establezca y regulen regímenes especiales.

Sobre esta cuestión, Ruiz recordó que la COM habilita a los concejales a ejercer la docencia. “Hay aspectos que están reglados por la Carta Orgánica, y esta es una normativa que está por encima del Código de Ética”, indicó.

El debate está abierto y recién comienza.

La discusión parlamentaria por un Código de Ética en la función pública tendrá que estar acompañada por una discusión social, en donde se busque no sólo fortalecer las instituciones sino también mejorar la transparencia y –sobre todo- la administración de los recursos públicos. Porque justamente esto (junto a la optimización de los servicios públicos, el desarrollo de políticas sociales y redistributivas de los ingresos, y generación de empleo) es lo que mejora la calidad de vida de la gente.

 

La ética y las vacaciones

Una de las objeciones planteadas por Ciudadanos 365 y Córdoba Transparente reside en la falta de determinaciones sobre el régimen de vacaciones de los funcionarios.

“Debería prohibirse que los funcionarios del Ejecutivo se tomen sus vacaciones en plena temporada turística. La experiencia del descontento social ante un reciente hecho de estas características nos refleja esta necesaria incorporación”, sostienen las entidades.

Ruiz no coincidió con esta apreciación. “El derecho que tienen los funcionarios a la licencia anual por descanso es una facultad del Departamento Ejecutivo y que hasta ahora no tiene una reglamentación. No creo que eso deba formar parte del Código de Ética. Son facultades de organización como existen en otras instituciones que tienen que ser coordinadas de acuerdo a las necesidades de gestión”, expresó.

Sostuvo además que la actividad de la Secretaría de Calidad Institucional y Participación Ciudadana es menor durante la temporada, y que por eso él optó por tomar 15 días de licencia entre fin de año e inicios de enero.

“En estos meses tenemos menos actividad porque la sociedad no está ocupada en la participación política y el presupuesto participativo, sino en su actividad económica”, indicó.

No obstante, dijo que resulta necesario reglamentar el régimen de descanso de los funcionarios pero “en una ordenanza particular que establezca los criterios y las facultades de organización”.

Mostrando 6 comentarios
Lo que dijeron...
  1. Javier dice:

    Si todo funcionario público “debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal”, a quién hay que endilgarle esta inacción con respecto a los morteros de Sol y Río, declarados patrimonios de la ciudad:

    http://www.centediario.com/un-lugar-historico-tristemente-descuidado/

    Linda forma de preocuparse por la cultura y la historia en el centenario de la ciudad.

  2. Brarda J dice:

    La etica es no poner parientes y no hacer negocios con la municipalidad.

  3. Lo logico seria que sean rectos ,honrados y que satisfagan el interes general…No puede ser de otra manera,no pueden sacar ventaja personal . Así no llega a ningun lado el pueblo .

  4. La caradurez de esta gente no tiene límites, hacen todo “COMO SI” como si fueran capaces, como si fueran honestos, como si fueran expertos, como si se preocuparan de lo público, cuando todos sabemos que no dejan los estudios privados y las asesorias a otras comunas o municipios viven de eso, su referente Marcelino Gatica inauguró una consultora para asesorar a Municipios sobre gestión ¡¡¡¡Por favor!!!!!! El estado es una vaca lechera inagotable y estos tipos no quieren dejar de mamar de ella cueste lo que cueste, los ingenuos somos todos los ciudadanos de a pié que seguimos votándolos

  5. el Coco dice:

    ahh noooo esto es lo ultimo…

    Caraduras, en serio uds proponen un codigo de etica…

    parece una joda para Tinelli

  6. Hugo dice:

    “El proyecto oficial se ha quedado en una serie de principios morales y generales, pero carece de las herramientas concretas para generar responsabilidad en el funcionamiento del sistema político”, señaló Mosquera.

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