Por Evelina Ramírez

“Lo imposible solo tarda un poco más”, es la consigna que repiten una y otra vez los organismos de derechos humanos. Efectivamente. Tras 43 años de impunidad, los responsables del secuestro y desaparición de Roberto Colomer, Enrique Colomer y Cristina Margarita Fernández, fueron juzgados.

Luego de dos años de audiencia y el testimonio de 300 testigos, finalmente el pasado lunes 27 de abril, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictó sentencia en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la Subzona militar 15.

El juicio tuvo como eje la investigación de 272 casos de secuestros y torturas. La lectura de la sentencia se produjo sin la presencia de público en el marco de las medidas sanitarias vigentes. El tribunal -integrado por Roberto Falcone, Mario Portela y Martín Bava- condenó a 28 de los imputados a prisión perpetua, otros siete fueron condenados a entre 7 y 25 años de prisión y cinco resultaron absueltos.

Virton Mendiaz, Alfredo Arrillaga, Eduardo Blanco, Jorge Toccalino, Julio Falcke, Oscar Ayendez, Héctor Azcurra, Policarpo Vázquez, Rafael Guiñazú, José Lodigiani, Carlos Robbio, Justo Ortíz, Eduardo Frías, Alfonso Nicolás, Roberto Blanco Azcarate, Luis Bonanni, Raúl Pagano, Osvaldo Siepe, Néstor Vignolles, Héctor Vega, Fortunato Rezzet, Carlos Suárez, Hugo Pabón, Alcides Cerutti, Oscar Gronda, Alfredo Weinstabl, Ernesto Davis y Raúl Pizarro fueron condenados a prisión perpetua. La mayoría fueron miembros de las tres Fuerzas Armadas y la Prefectura Naval Argentina.

Los magistrados, en tanto, condenaron a 25 años de prisión a Juan Eduardo Mosqueda; 22 le dieron a Ariel Silva; a Gonzalo Gómez Centurión lo penaron con 12 años de encierro, mientras que de 10 fue la pena para Cesar Martí Garro y Miguel Ángel Domingo Parola. Para Carlos Mansilla y Juan Carlos Aiello, la condena fue a 7 años.

De los 272 casos investigados, 133 corresponden a personas que permanecen desaparecidas. Tal es el caso de Roberto Colomer (concejal de Villa Carlos Paz en 1973), su hermano Enrique y su esposa Cristina Margarita Fernández, quienes fueron secuestrados y desaparecidos el 20 de mayo de 1977 en su casa de Mar del Plata.

Pasaron 43 años de impunidad y de un pacto de silencio que no termina de romperse. “Específicamente no se pudo conocer qué fue del paradero de ellos. No se sabe dónde estuvieron detenidos”, expresó a VillaNos Radio Mariano Colomer, el más chico de los cuatro hijos del matrimonio Colomer – Fernández.

“Hemos festejado el fallo y las 28 perpetuas. Pero aun así, en el caso puntual de mi familia, seguimos sin conocer la verdad. Seguimos sin saber qué pasó con nuestros familiares. Seguimos sin tener sus restos. Sus cuerpos continúan desaparecidos. Ellos siguen desaparecidos. Ahí hay un punto negro y tenemos la sensación de que todavía falta. De que no hemos logrado saber la verdad. Hay un pacto de silencio. Los genocidas siguieron negando los hechos y la información”, señaló Julieta Colomer, hija de Enrique, hermano del concejal desaparecido.

Jorge Luis Toccalino fue signado como responsable del secuestro de los hermanos Colomer y María Cristina Fernández. Era subjefe de la Brigada 601 de Mar del Plata y fue condenado a perpetua. Sobre él ya pesaba una condena a prisión perpetua por otros delitos de lesa humanidad. En este ultimo juicio, además de los secuestros de la familia Colomer, fue condenado por otros cuatro hechos más.

Toccalino fue detenido por primera vez en septiembre de 2007, cuando –tras las anulaciones de las leyes de obediencia debida y punto final- se abrió el proceso de juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Participaba personalmente como líder de las patotas en los operativos de secuestro, robaba y destrozaba los hogares de sus víctimas, y se encargaba de los traslados de las personas secuestradas y detenidas ilegalmente a los centros clandestinos de detención.

Según consigna el diario perfil.com, en 2007 Toccalino era presidente de la Cámara de Empresas Líderes en Seguridad e investigaciones (CELSI) y miembro del tribunal de honor de la Asociación Argentina de Seguridad Privada (AASPRI).

Militando el derecho a la salud

Roberto Colomer fue un prestigioso pediatra egresado en la UBA con medalla de honor. Consiguió trabajo en el Instituto Nacional de Epidemiología (INE). El director de entonces reveló que tenía previsto un ascenso y que su carpeta tenía un papel que indicaba “vigilarlo”. No encontró nada extraño, a excepción de que Roberto no solía almorzar con sus pares, sino que prefería el subsuelo con los trabajadores de maestranza.

Llegó a Villa Carlos Paz por recomendación de su primo y colega Raúl Mantegazza para ejercer la pediatría en la clínica San Roque y en el hospital Gumersindo Sayago. Luego fue socio de la Clínica Cruz Azul junto a otros colegas y amigos como Carlos Calvo, Villanueva, Hugo Bergese, Hugo Espíndola, Carlos Bellini, entre otros.

Asumió como concejal el jueves 3 de mayo de 1973 por parte de la lista que integraba en el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). “Recuerdo que a él le gustaba trabajar con los niños enfermos de los barrios. Aconsejaba a las familias sobre cómo prevenir la diarrea estival, que era una enfermedad muy frecuente en aquel momento. Daba indicaciones sobre cómo hervir el agua y qué cuidados tener con la mamadera. También buscaba soluciones en cuanto a las vacunas, que fue un gran logro porque no se conseguían”, recordó Beatriz Castillo, militante de la Juventud Peronista y compañera de trabajo de Roberto Colomer y Rosita Varela (la primera concejala mujer, también del FREJULI, asumida en 1973).

Castillo definió a Colomer como una persona “buena y responsable”. “Íbamos a reuniones políticas a Cosquín. El tenía un Citroën e íbamos cinco o seis amontonados. Los que quedaban, iban a dedo porque no había un peso”, añadió.

Tras recibir serias amenazas Roberto Colomer y su familia se trasladaron a Mar del Plata para cambiar de aire. Había renunciado a su banca y tomó los recaudos que exigía la época para no comprometer amigos y allegados. Por pocos meses lo reemplazó en el Concejo Deliberante el peronista Jorge Scutti que luego se afincó en Villa Río Icho Cruz.

Colomer decidió irse de Villa Carlos Paz debido al constante enfrentamiento que tenía con el sector del peronismo de derecha. Este sector era comandado por Navarro, un hombre que había llegado a la ciudad como supuesto delegado de la UOM y tenía estrecha vinculación con la tristemente célebre Triple A. Se reunía en un hotel de la calle Florida propiedad de la familia Giavino. Desde allí partieron algunas acciones como la toma de la radio Carlos Paz, que era de circuito cerrado, donde se difundieron proclamas y también el tiroteo a la casa de Colomer que estaba frente al Club Atlético Carlos Paz. El amedrentamiento que sufrió en su domicilio precipitó el traslado del concejal a Mar del Plata.

“Le tirotearon la casa y lo persiguieron”, recordó Castillo, quien también fue víctima del terrorismo de Estado –junto a su hija Adriana y Carlos- al estar detenida en el centro clandestino La Perla.

El dolor de no saber

Roberto Colomer fue detenido en su domicilio de Mar del Plata junto a su esposa Cristina Margarita Fernández (socióloga de profesión) y su hermano Enrique Alberto Colomer. El operativo se realizó a las 6:30 de la mañana, con presencia de militares, policías y personas vestidas de civil, todos con armas de fuego.

Quien abrió la puerta esa madrugada fue Susana López, tía de Cristina Fernández, quien vivía con la pareja secuestrada. Los miembros del operativo le dijeron que llegaban para hacer una inspección al consultorio del doctor Colomer. Al ingresar, revisaron toda la casa, le indicaron a Roberto que tenían que hacerle un interrogatorio y le pidieron a su esposa que se vistiera porque lo tenía que acompañar. En ese momento, Enrique -hermano de Roberto, que estaba de paso en la vivienda, salió y al identificarse como el hermano del doctor, le manifestaron que “por las dudas” también tenía que acompañarlos. Mientras tanto, los hijos de Cristina y Roberto escuchaban y veían todo desde una habitación.

En el juicio, los hermanos Colomer relataron lo que recordaban de esa trágica madrugada (Paula tenía 7 años, Julieta 5 y Santiago 3). Mariano, al ser el más pequeño, no tiene recuerdos de ese momento. Por eso, su testimonio en el juicio apuntó a recuperar la militancia social de su madre y su padre. “Fue muy aliviador. Lo viví como una batalla ganada poder estar ahí declarando. Lo que quería aportarle a la causa era un poco lo que había averiguado con mis compañeros de H.I.J.O.S un poco lo que había sido la militancia de mis viejos porque cuando sucedió lo del secuestro yo tenía un año y medio. De mi parte solo podía aportar lo que me habían contado. Mis hermanas y mi hermano sí se acordaban del día del operativo y las sensaciones que tenían”, expresó.

A los pocos días del secuestro, familiares de los detenidos se enteraron por un llamado telefónico anónimo que estaban alojados en la Brigada de Investigaciones de Mar del Plata. Cuando llegaron a la Brigada fueron negados por los responsables que le dijeron que los detenidos no se encontraban allí.

El padre de Cristina -Benjamín Fernández- era capitán de fragata de la Armada Argentina –estaba retirado- por lo que buscó y pidió ayuda a numerosas autoridades, entre ellos el propio represor Emilio Massera, con quien tenía relación. Ninguno le dio ni siquiera un dato sobre el destino de su hija.

“Después de que pasó el secuestro, nos fuimos a vivir con mis abuelos maternos. Mi abuelo era capitán de fragata, padrino de fuerza de Massera. Más allá de que mi abuela era una de las Madres de Plaza de Mayo, crecimos en un ambiente de silencio. El tema era bastante tabú y estábamos rodeados de sus amigos, que eran militares. Íbamos al Hospital Naval, al Club Naval. No se hablaba mucho de nuestros padres y mucho menos de su militancia”, recordó Mariano y agregó que el encuentro con su historia familiar se fue dando de manera progresiva.

De hecho, en 2013 estuvo en Villa Carlos Paz conociendo los compañeros de militancia de su papá. “Todos tienen muy buenos recuerdos de los dos, de mi papá y de mi mamá. Ellos eran militantes sociales y les preocupaba la situación de las familias más pobres”, destacó.

La justicia tardía

Para Mariano, que la sentencia haya llegado 43 años después, le genera sensaciones encontradas. “En principio me genera alivio de que haya llegado. Lamentablemente pasaron 43 años y es mucho tiempo. Lamentablemente hay personas de la familia, mis abuelos, tíos, que no llegaron a escuchar esta sentencia y fallecieron sin que se haya hecho justicia con quienes le arrebataron a su hija, hijo, yerno y a mi tío. Para mis primos y hermanos, que hoy estaos vivo, fue reparador en cierto modo. Es emoción. Te despierta tristeza, te despierta alegría, pero lo que prevalece ante todo es la alegría de haber conocido la verdad y haber encontrado culpables”.

Julieta, en cambio, sigue abogando por la generación de condiciones que permitan saber donde están las y los desaparecidos. En este sentido, depositó su esperanza en el movimiento Historias Desobedientes, integrado por las y los hijos del personal de las fuerzas armadas y de seguridad responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.​ “Tengo mucha esperanzas con todo ese grupo. Tienen buenas intenciones y la están peleando. Han hecho un proyecto para desarmar lo dispuesto en el código penal los artículos que indican que ningún hijo puede testimoniar contra su padre. Algunos pudieron acceder a dar testimonio en juicio por delitos de lesa humanidad. Es lo que se viene”, expresó con esperanza.

El recinto legislativo de Villa Carlos Paz lleva el nombre de Roberto Colomer. Sin embargo, la noticia de la finalización del juicio por su crimen, pasó prácticamente desapercibida.

Vivimos en una ciudad que parece olvidar que aquí también operó el terrorismo de Estado. Una ciudad que le cuesta mirar de frente su historia, su pasado. Sin ir más lejos, bien vale volver a referirnos al triste episodio de banalización del genocidio, nunca esclarecido dentro del Concejo de Representantes.

La construcción de memoria, verdad y justicia es una tarea cotidiana y permanente. Sobre esos pilares es la única manera de construir un país más libre y justo. Para que el terrorismo de Estado no vuelva a truncar vidas, ni desgarrar a nuestro país, nunca más.

Nota correspondiente a la edición n° 553 del periódico La Jornada, del 27 de mayo de 2020.

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