Por Roxana Corradi

Tapa_375_la_jornada_12-07-15La consigna con el hashtag se imprimió en carteles, fotos, textos, y todo tipo de imágenes que se expandieron por las redes sociales primero, y por los medios masivos inmediatamente después. Y durante veinte días #NiUnaMenos fue la urgencia. La frase que desde el principio generó adhesiones y rechazos. La convocatoria inicial fue en la Plaza de los Dos Congresos de la ciudad de Buenos Aires; luego cientos de otras marchas y actos que se autoconvocaron en todo el país y países limítrofes. Los nombres de las mujeres asesinadas. La necesidad de mostrar las voces de las víctimas que sobreviven pero cuyas vidas quedan marcadas.

Así se llegó al 3 de junio de 2015. Con certezas y con dudas. Con compromisos firmados por muchos políticos, porque quedaba bien claro que era al Estado al que se le exigía la emergencia nacional. Era al Estado al que se le exigía implementar presupuestos acordes para atender las cuestiones previstas en la Ley 24685. Una ley que aprendimos de memoria porque sus letras también circularon por los canales antes mencionados. Y se escribió con mayúsculas, con distintos formatos para que se conociera lo más rápido posible que sin presupuesto y sin decisión política, los femicidios siguen marcando el reloj de la violencia de género.

Y cómo no recordar en esta introducción a Susana Chávez, poeta, activista de la militancia feminista de ciudad de Juárez, en México. Una de las ciudades del mundo más atravesadas por la delincuencia en general y los femicidios en particular. Susana la poetisa que incansablemente repetía la frase “Ni una mujer menos, ni una muerta más”. La frase que apocopada se convirtió en icono de las organizaciones feministas en todo el mundo. Susana que pasó más de la mitad de su vida militando por los derechos de las mujeres de su país y que fue asesinada el 6 de enero de 2001. La versión del fiscal de Chihuahua es que la noche del 6 de enero Chávez Castillo tuvo “un encuentro desafortunado” con tres menores de edad que “decidieron matarla”. Las autoridades nunca asociaron su asesinato con su militancia a pesar de los reclamos de distintos organismos de derechos humanos, incluida Amnesty International.

Pero volviendo a la situación nacional, el “Ni una menos” devenido en “basta de femicidios” que estalló con la aparición del cadáver de Chiara Páez -enterrado en el patio de la casa de su novio en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe-, fue más que una jornada de consignas y documentos leídos a viva voz. Ese día ha producido algunos cambios en el devenir de las cuestiones de violencia de género que es importante evaluar a más de un mes de ocurridos los acontecimientos. El primer gran paso fue poner el tema en agenda inmediata. Conceptos como violencia machista, patriarcado, femicidio y acoso callejero fueron de tratamiento en distintos ámbitos: escuelas, universidades, organizaciones no gubernamentales en general y con absoluta intensidad en los medios de comunicación, que hasta fueron interpelados y llamados a revisar el tratamiento de la información en los casos de femicidio y violencia de género. Hasta la justicia fue cuestionada al momento de las condenas, exigiéndose que la emoción violenta deje de ser atenuante para bajar las penas a los femicidas.

 

La situación en Carlos Paz

Del acto en Carlos Paz hay mucho material escrito y gráfico. Al igual que en la mayoría las ciudades se concentró en una plaza. La plaza del Club Argentino de Servicios, para la convocatoria la Plaza del Avión. Hubo una cuota de sorpresa en varios sectores acostumbrados a que este tipo de actos se hacen en Córdoba y allá se trasladan lo grupos acostumbrados a participar en actos promovidos por los organismos de derechos humanos.

Pero había sobradas razones para hacer el acto en la villa. Apenas dos meses habían pasado del femicidio local más resonante, y que conmovió hasta el horror a la comunidad. El crimen de Andrea Castana. Un femicidio que aún sigue sin resolverse y que suma cuestiones de desprolijidades en los procedimientos y hasta el incendio del auto de Andrea hace poco menos de un mes, frente a la puerta de la casa de sus padres y que según la fiscal general María Alejandra Hillman, habría sido intencional.

Andrea y otros casos que habían quedado en el recuerdo o en el olvido, como el de Dayhana García quien murió días después de recibir un disparo en la espalda en noviembre de 2013, y Nadia Oviedo de la vecina localidad de Icho Cruz, degollada por su ex pareja, en noviembre de 2014. Y por las sobrevivientes silenciosas que tímidamente iban sumando sus cometarios al muro del evento que se había creado vía Facebook. Había sobradas razones y el acto se llevó a cabo. Emocionó, movilizó, visibilizó casos y deficiencias. También comprometió en la inmediatez de los días a continuar acciones para formar una red de organizaciones y personas interesadas en colaborar con la problemática.

El mismo día del acto por la mañana, en algunos medios locales se anunciaba la apertura de la Casa de la Mujer, un organismo municipal que abriría sus puertas a fines de junio, y que dependería del área coordinada por la Lic. Alejandra Roldán. La casa era producto de la partida de presupuesto participativo destinado a los barrios, lo cual revela la sensibilidad de los vecinos con respecto a la prevención y contención de la violencia de género. Vale recordar que el Presupuesto Participativo (PP) es un proceso de intervención directa, permanente, voluntaria y universal en el cual la ciudadanía, conjuntamente con el gobierno, delibera y decide la asignación de recursos públicos.

El 24 de junio, apenas seis días antes de las elecciones municipales, abrió sus puertas la Casa de la Mujer, en lo que según se informó, era una presentación y no una inauguración oficial. Está ubicada en José Ingenieros 396 y atiende de lunes a viernes de 8 a 14.

Hasta allí llegamos para informarnos acerca de las actividades que se están desarrollando y quienes están a cargo. En diálogo con La Jornada, María Teresa Solohaga, quien es parte del equipo y referente por sus antecedentes en la materia, nos puso al tanto de algunas cuestiones de las que se están ocupando.

“Fue un éxito abrir las puertas de este lugar donde canalizamos varias políticas dirigidas a la mujer. Desde 2012 cuando asumió el intendente Avilés, se abrió la primera oficina que atendía todo lo relacionado a la violencia de género. Después se transformó en un área comprendida por psicólogos, asistentes sociales y yo, que aporto desde mi experiencia una mirada interdisciplinaria (y conformamos el Área Violencia Familiar). Tenemos una demanda espontánea. La gente se entera que existe la casa y se acerca. Desde que comenzó esta gestión, veníamos presentando proyectos para instalar la Casa. Coincidió en los talleres de Presupuesto Participativo, que los vecinos del distrito Centro tuvieron la misma inquietud y así se concretó la creación del espacio”, dijo.

Solohaga detalló que reciben un promedio de cuatro denuncias por día. “Hay casos atendidos y resueltos y trabajamos en coordinación con los Tribunales. Desde allí se nos demandan tareas específicas. Los asistentes sociales y psicólogos contestan oficios. Coordinamos también con la Dirección de Violencia Familiar de la Provincia de Córdoba, a través del programa Nueva Vida, que es un programa de becas que ayuda a las víctimas a resolver necesidades momentáneas. En este momento el programa tiene doce beneficiarias.

“También tenemos otro programa bajo la dirección de la Licenciada Roldan. Se llama Estudiemos Juntos, donde se brindan talleres de estudio y preparación para la maternidad a adolescentes que fueron madres o están embarazadas. Allí participan también las familias”, indicó.

La funcionaria dijo tener muchas expectativas, aunque reconoce que la Casa aun no fue oficialmente inaugurada y que a pesar de la continuidad que tendrá el intendente, están atravesando un periodo de transición. “Estamos recibiendo la visita de concejales y ex jefes departamentales con los que compartí etapas anteriores en el trabajo sobre violencia de género. Creo que el movimiento Ni una Menos llamo la atención de funcionarios en general”, afirmó.

Consultada sobre la importancia de destinar un presupuesto específico para poder llevar a cabo las acciones que establece la ley, acordó en que es necesario porque a veces no es suficiente, pero que no acuerda con la dadiva, sino con la ayuda social. Para finalizar reconoció la importancia de que se legisle en la materia, donde el Concejo de Representantes tiene el rol principal, y la importancia de haber centralizado las actividades de su oficina en la Casa de la Mujer, ya que antes se distribuían en distintos sectores y eso los complicaba en la gestión.

 

Las denuncias y su tratamiento

A esta altura de los acontecimientos, es claro que el primer paso para visibilizar y actuar sobre los casos de violencia de género y no llegar al extremo del femicidio, es la denuncia. La denuncia que debe hacer la mujer o cualquier persona cercana que puede intervenir como denunciante. Es muy común escuchar a las mujeres víctimas, quejarse contra la burocracia que implica la denuncia. En este sentido, fuentes policiales de nuestra ciudad informaron que la policía sólo actúa como auxiliar de la justicia, receptando denuncias que luego deben ser ratificadas en fiscalía, y las acciones contra el victimario las determina un juez. Tenemos conocimiento de que en Carlos Paz y alrededores se han entregado veinte botones antipánico, un sistema que está vigente desde marzo de 2013 y consta de un dispositivo parecido a un control remoto, que permite a la mujer que lo posee, emitir una alerta inmediata a la Policía si se siente situación de riesgo. La comunicación se recepta en un box de la línea 101, especialmente destinado para este fin en la comisaría regional y partir de allí se derivan los efectivos correspondientes para evitar cualquier tipo de agresión. Resguardarse del victimario es absoluta responsabilidad de la víctima. Para graficar lo cuestionado de este sistema, recordamos el caso de María Eugenia Lanzetti, la maestra jardinera de San Francisco que fue apuñalada por su ex marido delante de sus alumnos. Ella tenía el botón, pero fallaron los recursos judiciales de la restricción.

 

Las grandes cuestiones pendientes

En uno de los pasajes de la conversación con Solohaga, surgieron dos términos que nos parece importante definir para dejar como conclusión de esta nota. La necesidad de un voluntariado y el peligro del voluntarismo. Mucha gente se ha movilizado, muchísimas voluntades se han esforzado por extender sus manos y sus posibilidades para aportar ayuda. Pero insistimos como al principio que es el Estado el principal responsable de las acciones para que se cumpla la ley, aún en la formación del voluntariado para tales fines. A la voluntad de hacer, hay que sumar los recursos necesarios para obtener los mejores fines.

Esos fines están definidos en los puntos que las organizaciones convocantes de #NiUnaMenos Cordoba, sintetizaron de esta forma:

-La declaración de Emergencia en el territorio Provincial y Nacional

-Refugios y centros de contención psicológica, jurídica y social gratuitos en todas las localidades de la provincia

-Capacitación en perspectiva de género en todos los estamentos donde hayan funcionarios públicos

-La reglamentación de la totalidad de los artículos de la Ley Nacional 26845, de Protección Integral de las Mujeres, con asignación de presupuesto acorde.

-Control social del presupuesto destinado a la protección de las mujeres para su correcta aplicación.

-La revisión a través de audiencia pública de la Ley Provincial 9.283 de Violencia Familiar

-La adhesión y aplicación real en la Provincia de Córdoba de la Ley Nacional 26.845

-La creación de un Registro único oficial de femicidios y de violencia de género para toda la Argentina. Sólo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas.

-Garantizar el acceso a la Justicia y la atención integral de las víctimas.

-Garantizar y profundizar la educación sexual en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia sexista.

 

Escasos logros

– Al día siguiente del acto, los llamados a la línea 144 crecieron en un mil por ciento, y la línea sumó 50 operadores.

– La Corte Suprema de Justicia convocó a las autoridades judiciales a colaborar en la confección del Registro de Femicidios de la Justicia argentina.

– El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, oficializó la Unidad de Registro de Femicidios.

– En Mendoza se instrumentó el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia machista.

– En Chaco se anunció la creación de un Registro Único de casos de violencia de género, y la puesta en funcionamiento de un sistema de seguimiento de expedientes que ingresen por la órbita judicial.

– En la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura votó de manera unánime el proyecto para que las Unidades Fiscales especializadas en Violencia doméstica funcionen con rango de ley.

– En Trelew, un fallo judicial condenó a un hombre por desobedecer la prohibición de acercamiento a la víctima de violencia.

– En Rincón de los Sauces, Neuquén, se anunció la puesta en funcionamiento de un refugio para víctimas de violencia de género.

– La Universidad de Buenos Aires aprobó la creación de un protocolo contra la violencia de género.

– Se afirmaron políticas públicas que amplían el repertorio de caminos para la defensa de los derechos de las mujeres: desde la conversión en ley de la Asignación Universal por Hijo hasta la renovación del Protocolo de abortos no punibles.

– La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Entre las razones de su creación, la resolución afirma que “responde a un claro reclamo social”, materializado en “la histórica manifestación bajo el lema Ni Una Menos”.

– La Legislatura de Córdoba anunció el mismo 3 de junio la creación de una comisión específicamente destinada a las cuestiones de género. Con la denominación de Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género y compuesta por nueve integrantes, debía comenzar a actuar de manera inmediata. Pero, pasadas ya cinco semanas, aún no ha sido constituida formalmente. En declaraciones a distintos medios provinciales y locales, la legisladora Laura Vilchez (FIT), dejó en claro que la comisión no se constituyó aún, pues según los argumentos del oficialismo, hay bloques que no presentaron sus propuestas para postulantes. Por lo tanto no se ha podido tratar ningún proyecto. Y amplió que las comisiones legislativas, en general, no están funcionando, en muchos casos por falta de quórum. En opinión de la legisladora “no hay la más mínima voluntad política para constituir la comisión, fueron declaraciones oportunistas en el contexto de la movilización. Los intereses de la mujer en Córdoba, no importan”.

 

La cuestión de la justicia en Carlos Paz

La marcha “Ni una menos” convocó a miles de personas en el país que hicieron sentir su reclamo de visibilidad con medidas concretas que detengan el aluvión de agresiones y muertes de mujeres en contexto de violencia machista.

Al día siguiente del tres de junio de 2015 se registraron aumentos históricos en la cantidad de consultas al  0800-888-9898, número de atención gratuito de la Dirección específica del Ministerio de Desarrollo Social.

En cuanto a las denuncias concretas en la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, desde el Juzgado de Segunda Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia a cargo de la jueza Viviana  Rodríguez confirmaron que, luego de la marcha Ni una Menos, aumentaron las denuncias pero declinaron precisar el número estadístico o cualquier otro dato que involucre el tenor de dichas denuncias. “En general, las estadísticas se conocen cada seis meses y deben solicitarse formalmente para darse a conocer”, explicó una empleada del Juzgado.

Consultada la abogada foro local y de Córdoba, Mary Picotto, especialista en Derecho de Familia, acerca de las consecuencias que notaba en el ámbito de la Justicia luego de la marcha nacional del 3 de junio explicó: “La ley de violencia familiar tiene algunas aristas complejas por lo que puede llevar algún tiempo su implementación adecuada. La primera medida que noté apenas pasada la marcha fue un apego estrictísimo por parte del Juzgado a las medidas de restricción y exclusión que se hubieran dictado ante un caso de violencia. Para explicar lo que quiero decir voy a poner el ejemplo de un caso en el que atiendo al demandado sobre el que pesa una orden de exclusión. En general, lo que pasaba ante una orden de estas características es que el excluido seguía, por ejemplo, llamando por teléfono o enviando mensajes, a veces por cuestiones triviales como puede ser avisar que pasaba a buscar a su hijo a tal hora o que lo esperaba arriba del auto sin bajarse. Esto no era tomado como una desobediencia a la exclusión; hoy sí: una persona que hace esto: llama por teléfono, por cualquier tema que sea o estaciona el auto en la puerta es llevado preso. Hay órdenes de cumplir la ley a rajatabla”.

Picotto advierte, sin embargo, que este extremo no le parece mal sino por el contrario lo considera una buena medida: “La Doctora Rodríguez (jueza de Segunda Nominación) ha sido siempre de gran eficiencia en Carlos Paz, quizás lo que notamos ahora desde el 3 de junio es más firmeza pero yo lo considero bueno. Somos los abogados los que tendremos que trabajar e informar mejor a nuestros defendidos para que esto no pase porque no podemos saber cuándo se pasa del mensaje trivial al acoso”.

Otras voces del entorno judicial también remarcaron la necesidad de mejorar el asesoramiento y la respuesta que se da a las personas cuando llegan a poner una denuncia: “La gente que llega está siempre muy debilitada psicológica, emocional y moralmente, no se puede estarle insistiendo en que si pensó bien lo que va a hacer porque aquel a quien denuncia puede resultar preso y no hay vuelta atrás, eso también es una amenaza”.

 

Nota correspondiente a la edición n° 375 del semanario La Jornada, del 12 de julio de 2015.

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